El pasado mes de julio la Comisión Europea envió un dictamen motivado a España en el que le pide que suprima la obligación que impone a los contribuyentes no residentes a designar, en determinados casos, un representante fiscal con domicilio en España, al considerar que puede dar lugar a costes adicionales y a obstáculos para los contribuyentes, o llevará el caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.