El pasado 27 de enero de 2022 se publicó una sentencia donde el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) afirma que las sanciones previstas para el caso de incumplimiento de la obligación de declaración informativa, Modelo 720, sobre sus bienes y derechos en el extranjero, son desproporcionadas y que no es lícito que la norma genere una situación de imprescriptibilidad en relación con los bienes y derechos en el extranjero solo por incumplir una obligación formal.

El TJUE identifica tres puntos por los que la legislación española va más allá de lo necesario para alcanzar los objetivos:

1. Considera que España ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la libre circulación de capitales. Es decir, el TJUE rechaza la imprescriptibilidad de las ganancias patrimoniales no justificadas que se presumían por no declarar, o hacerlo de manera incorrecta, en el modelo 720.
2. El Tribunal europeo critica que las multas del 150% que fija la normativa española suponen un tipo muy elevado que confiere a la sanción un carácter represivo.
3. El TJUE rechaza que, además de la sanción anteriormente comentada, se apliquen multas de 5.000 euros por cada dato o conjunto de datos omitido, incompleto, inexacto o falso, con un mínimo de 10.000 euros, y de 100 euros por cada dato o conjunto de datos declarado fuera de plazo o no declarado por medios electrónicos.