El Gobierno de la Generalitat ha presentado un nuevo plan de ayudas directas y de carácter trimestral para apoyar a los colectivos y sectores económicos más afectados por las medidas de contención de la COVID-19. El plan cuenta con un importe de 618 millones de euros de enero a marzo.
Las ayudas son las siguientes:
El Real Decreto-Ley 2/2021, de 26 de enero, de refuerzo y consolidación de medidas sociales en defensa del empleo, publicado y en vigor el 27 de enero, resultado del cuarto Acuerdo Social en Defensa del Empleo entre agentes sociales y Gobierno (IV ASDE), adopta las siguientes medidas respecto a los ERTE vinculados con la COVID-19:
1. SE PROROGAN LOS ERTES BASADOS EN FUERZA MAYOR RELACIONADOS CON LA COVID-19 HASTA EL 31 DE MAYO (Art. 1)
Se concluye la presentación de los contenidos del Real Decreto-Ley 2/2021, de 26 de enero, de refuerzo y consolidación de medidas sociales en defensa del empleo, haciendo referencia a las medidas que adopta, en sus artículos 5 a 8, en favor de los trabajadores autónomos afectados duramente por la crisis del COVID-19:
1. SE REGULA LA PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD PARA LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS (Arts. 5 y 6)
Se regulan 2 situaciones para poder ser beneficiario a partir del 1 de febrero:
1.1. Trabajadores autónomos que se vean obligados a suspender todas sus actividades como consecuencia de una resolución adoptada por la autoridad competente como medida de contención en la propagación del virus COVID-19.
El BOE publicó el Real Decreto-ley 28/2020, de 22 de septiembre, de trabajo a distancia, que queda definido como aquel que se preste, en un periodo de referencia de tres meses, durante un mínimo del 30% de la jornada o el porcentaje proporcional equivalente en función de la duración del contrato de trabajo.
Al trabajo a distancia implantado excepcionalmente en aplicación del artículo 5 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, o como consecuencia de las medidas de contención sanitaria derivadas de la COVID-19, y mientras estas se mantengan, le seguirá resultando de aplicación la normativa laboral ordinaria.
La Seguridad Social ha cambiado el criterio, tras tres sentencias del Tribunal Supremo, y establece ahora que los autónomos societarios tendrán derecho a solicitar y beneficiarse de la bonificación de cuotas de la tarifa plana.
Así, la Tesorería General de la Seguridad Social, ha notificado a los departamentos regionales de impugnación una orden para que se tramiten todas las solicitudes de la tarifa plana, tanto de personas físicas como de autónomos societarios.
Entre los requisitos para acceder a la tarifa plana –que permitiría a los societarios evitar pagar de entrada más de 300 euros mensuales y abonar unos 60– se especificaba no ser societario. La sentencia determina que “No puede impedirse la aplicación de los beneficios en la cotización previstos (...) a los trabajadores que ostentan la condición de socios de sociedades mercantiles capitalistas”.
Procedente del Real Decreto-Ley 4/2020, de 18 de febrero –que es derogado–, se publica en el BOE del 16 de julio la Ley 1/2020, de 15 de julio, por la que se deroga el despido objetivo por faltas de asistencia al trabajo establecido en el artículo 52.d) del Estatuto de los Trabajadores.
El artículo 52.d) del Estatuto de los Trabajadores regula el despido por faltas de asistencia al trabajo. Este precepto legitima el despido objetivo de las personas trabajadoras que incurren en faltas de asistencia al trabajo, tanto justificadas como injustificadas, que superen determinados porcentajes. Aunque todas las faltas injustificadas podían ser contabilizadas a efectos de aplicar el despido objetivo por faltas de asistencia, las justificadas computables eran limitadas, pues el propio artículo 52.d) ET relacionaba expresamente las no admisibles para aplicar esta modalidad de despido.
