El domingo 3 de mayo de 2020 se publicó en el Boletín Oficial del Estado la Orden SND/388/2020 por la que se establecen las condiciones para la apertura al público de determinados comercios y servicios. Dicha Orden entra en vigor el 4 de mayo de 2020 y mantendrá su eficacia durante toda la vigencia del estado de alarma y sus posibles prórrogas.

En el ámbito del comercio minorista, la finalidad de esta Orden es abordar la fase inicial destinada a la reactivación de la actividad comercial y de determinadas actividades de servicios profesionales que requieren la apertura al público de establecimientos o locales, cuya actividad se encuentra suspendida (peluquerías y centros de estética, servicios de arreglos y reparaciones, etc.).

Como profesional, existen varios gastos que se pueden deducir para reducir el beneficio y así pagar menos impuestos: Sueldos y salarios, gastos relativos a la Seguridad Social, otros gastos de personal, arrendamientos y cánones, reparaciones y conservación, servicios de profesionales independientes, otros servicios exteriores, tributos fiscalmente deducibles, gastos financieros, pérdidas por deterioro de valor de los elementos patrimoniales, provisiones…

Hoy 15 de abril de 2020 se ha publicado el Real Decreto-ley 14/2020 por el que se extiende el plazo para la presentación e ingreso de determinadas declaraciones y autoliquidaciones tributarias, el cual ha entrado en vigor hoy también. 

La fecha de efectos en una Incapacidad Permanente se puede definir como el momento hasta el que se debe retrotraer el reconocimiento de la incapacidad, es decir, que haya efectos retroactivos a contar desde el momento en el que se debería haber comenzado a percibir la prestación, aunque esta haya sido reconocida posteriormente por cuestiones de procedimiento.

En consecuencia, tener una fecha de efectos anterior a la notificación, quiere decir que el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) estará obligado a ingresar una cantidad determinada en concepto de pago de atrasos.

Desde que el pasado 14 de marzo de 2020 se declaró el estado de alarma las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) están cerradas, y con esta crisis sanitaria las empresas se han visto obligadas a adoptar medidas como los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo que requieren realizar gestiones para solicitar y cobrar el paro de los trabajadores.

El pasado 30 de marzo de 2020 se publicó la Orden SND/307/2020 por la que se establecen los criterios interpretativos para la aplicación del Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo.

Según el Real Decreto-ley 10/2020, el permiso retribuido recuperable únicamente resulta de aplicación a las personas trabajadoras por cuenta ajena. Por tanto, las personas trabajadoras por cuenta propia quedan fuera de su ámbito de aplicación, ya que no podría hacerse efectiva ni la contraprestación económica ni la recuperación de horas. En consecuencia, los autónomos que desarrollan actividades que no se hayan visto suspendidas por las medidas de contención previstas en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, y el resto de normas que lo desarrollan, pueden continuar prestando sus servicios normalmente.